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Noticia Ampliada

“Las reformas en el Código Civil en materia de personas, familia y procemientos”

Jornada “Las reformas en el Código Civil en materia de personas, familia y procemientos”

Universidad Maimónides, Salón Auditorio

27/04/2012,  19 hs.

Disertantes (en orden de exposición):

Dr. Néstor Solari, profesor de posgrado en Derecho de Familia (U.B.A.)

Dr. Sergio Betchakdjian, profesor de Derecho Procesal (Universidad Maimónides)

Dra. Patricia Ceriani, profesora de posgrado en Derecho de la Salud (Universidad Maimónides)

Si bien la reforma del Código Civil y la unificación con el Código de Comercio es reconocida como necesidad por la mayoría de los sectores de la sociedad; se ha puesto de manifiesto que la misma debe ser el resultado de un amplio debate que incluya a todos los “actores”. Es que a partir de su sanción, la conducta cotidiana de los argentinos y de todos los habitantes de la Nación se verá regulada por normas que deben reconocer los problemas sociológicos.

Un ejemplo de ello es el reconocimiento de las “uniones convivenciales”, “uniones de hecho” o “concubinatos”. Actualmente, el 70% de los juicios en relación a este tema giran alrededor de los bienes adquiridos por los concubinos. Es por ello, que se pone de manifiesto la necesidad de analizar no sólo las causas, sino también los efectos que las reformas pudieran ocasionar en la vida de las personas. Así, eliminar los deberes/derechos de fidelidad y cohabitación de la institución del matrimonio y exigir a las uniones convivenciales una convivencia de 2 años, pareciera al menos en principio, que no resulta “aplicable” a la realidad social y cultural de la Argentina. Además, debería al menos establecerse la “presunción” de la existencia de una sociedad de hecho (actualmente, no se presume y debe probarse). Por otra parte, el “asentimiento del conviviente” para el caso de venta de un bien por parte de uno de los concubinos, parece incoherente en cierto punto, ya que no se le reconocen derechos hereditarios pero puede “trabar” la disposición de un bien.

Otro concepto a tener en cuenta es de las “convenciones matrimoniales”, actualmente no vigentes en el régimen de bienes del matrimonio. La introducción de esta figura debe analizarse detenimiento.

Respecto a la “filiación” aparece como concepto innovador la “maternidad subrogada” (denominado erróneamente “alquiler de vientres”). Si bien el concepto responde a la realidad actual y al avance de la ciencia, debe tenerse en cuenta la necesidad de garantizar el derecho a la identidad del niño nacido bajo esta modalidad. Además, en muchos países se limita la subrogación a ciertos parientes; ya que también debe tenerse en cuenta el flagelo del tráfico de niños y órganos.

La propuesta de redacción con palabras claras, la utilización del tiempo verbal presente, la erradicación de las notas y la idea de armonización del derecho privado y público con los derechos constitucionales, ayuda a la comprensión por parte del lego. Resulta harto importante que el código pueda comprenderse y que no resulte un universo exclusivo de de los abogados.

Otro cambio propuesto es el concepto de “personalidad”; se comenzará a hablar de “persona humana”, en lugar del de “persona de existencia visible”.

En el anteproyecto faltan algunas definiciones, como el concepto de “embrión”. El mismo resulta importante en concordancia con el auge de las técnicas de reproducción asistida.

La “capacidad” será considerada respecto a la persona humana y las personas jurídicas serán “entes a las que la ley les confiere la aptitud de conferir derechos y obligaciones” y deberán necesariamente estar relacionadas con su objeto.

Un concepto que hasta la actualidad fue de discusión es el status jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La controversia de si se trata de una provincia o municipio fue eje de sendos debates doctrinarios. Definirla como un estadio entre las provincias y los municipios será de gran aporte.

Respecto a las normas procesales, si bien no habrá cambios estructurales, resulta “novedosa” su ubicación dentro del Código. Además, el amplio cúmulo de leyes complementarias se incorporará al cuerpo del mismo evitando remisiones permanentes. Asimismo, se diferencian tres tipos de instrumentos (públicos, privados y particulares) y se establece su valor probatorio. Serán instrumentos particulares aquellos que no están firmados; como impresos, registros visuales o auditivos, registros de palabra y de información. Serán instrumentos privados los instrumentos particulares firmados.

La necesidad de armonizar la pirámide jurídica se ve plasmada en el artículo 1 del anteproyecto, estableciendo que la interpretación de la ley debe ser conforme a la Constitución Nacional y los tratados en lo que la Argentina sea parte. Además, se tiene en cuenta la jurisprudencia, los usos, prácticas y costumbres (siempre que éstas últimas no sean contrarias al derecho). En concordancia con la Carta Magna se reconocen los derechos individuales, los individuales que puedan ser ejercidos mediante acción colectiva y los de incidencia colectiva (medio ambiente, competencia, usuario y consumidor).

La conocida “capacidad de hecho” se denomina “capacidad de ejercicio”. La capacidad de la persona humana se presume y  a partir de los 13 años de edad el juez podrá declarar su incapacidad. Un aporte importante es la incorporación del derecho del menor de edad a ser oído, atendiendo al interés superior del niño en concordancia con los  derechos de los niños, niñas y adolescentes reconocidos por tratados internacionales; inclusive respecto a los menores entre 13 y 16 años se presume su aptitud para decidir por sí respecto de tratamientos que no resulten invasivos ni comprometan su salud o provoquen riesgo de vida.

Un punto que resulta de interés es la actuación del Ministerio Público, ya sea en cuestiones de carácter principal, accesoria o complementaria para el caso de personas menores de edad con capacidad restringida.

Adicionalmente, en procesos de familia se incorpora que los parientes pueden ser testigos.

El anteproyecto contempla nuevos derechos reales tales como: la propiedad comunitaria indígena, los conjuntos inmobiliarios, tiempo compartido y cementerios privados.

El anteproyecto propone un amplio avance en materia contractual, incorporando al cuerpo del código contratos tales como corretaje, factoraje, concesión, agencia, contrato bancario. El contrato de “arbitraje”, como medio de resolución de conflictos adquiere relevancia como forma de descomprimir los juzgados. En cambio, hace cierto “ruido” el hecho de que el árbitro pueda dictar medidas de carácter cautelar, facultad exclusiva del juez hasta la fecha. Quedan excluidas de esta forma de resolución de conflictos, los que se relacionen con el estado civil, las cuestiones no patrimoniales de familia y la capacidad de de las personas.

Hasta aquí algunos de los conceptos vertidos en la jornada, destacando que el debate está abierto y que debe incluir la mayor cantidad de opiniones posibles , ya que como se ha manifestado previamente la regulación de las conductas de la vida cotidiana se ve afectada a partir de la sanción.

Dra. Ana María Bravo Palumbo